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¿Cuál es la legislación que regula la verificación de antecedentes en Paraguay?
La verificación de antecedentes en Paraguay está regulada por varias leyes y regulaciones, incluyendo el Código Procesal Penal, la Ley N° 2338/2003 de la Policía Nacional, y otras disposiciones legales que rigen la obtención y uso de información relacionada con antecedentes penales. Estas leyes establecen los procedimientos y limitaciones para llevar a cabo la verificación de antecedentes.
¿Cuál es el tratamiento fiscal de las donaciones y transferencias de bienes en Paraguay y cómo se reflejan en los antecedentes fiscales?
Las donaciones y transferencias de bienes están sujetas a regulaciones fiscales específicas y se reflejan en los antecedentes fiscales, especialmente en el caso de impuestos sobre sucesiones y donaciones.
¿Cuáles son las obligaciones específicas de Debida Diligencia en el sector de comercio y exportación en Paraguay?
En el sector de comercio y exportación en Paraguay, las empresas deben realizar Debida Diligencia para prevenir actividades ilícitas, como la evasión de impuestos y el contrabando. Esto puede incluir la verificación de la legitimidad de las transacciones comerciales y la identificación de posibles riesgos.
¿Qué entidades o instituciones en Paraguay tienen la autoridad para validar la identidad de los ciudadanos?
En Paraguay, la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas (DGRECP) es la entidad encargada de la validación de la identidad de los ciudadanos. También existen otros organismos estatales y entidades financieras que pueden requerir y validar la identidad de las personas para fines específicos.
¿Qué medidas se toman para prevenir la duplicación de información en los antecedentes fiscales en Paraguay?
Se establecen procedimientos de verificación y validación para evitar la duplicación de información en los antecedentes fiscales y garantizar la precisión de los registros.
¿Cuál es el proceso de resolución de impugnaciones en Paraguay?
Las impugnaciones se resuelven a través de un proceso administrativo en el cual la SET evalúa la validez de la impugnación y toma una decisión al respecto.
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