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¿Qué información se debe recopilar durante el proceso de Debida Diligencia en Paraguay?
Durante el proceso de Debida Diligencia en Paraguay, se debe recopilar información sobre los clientes, incluyendo su nombre, dirección, fecha de nacimiento, ocupación, origen de los fondos y documentación de respaldo. Además, es necesario identificar y verificar a los beneficiarios finales de las transacciones. Esta información es esencial para evaluar el riesgo y prevenir actividades ilícitas.
¿Cuál es la base legal para el proceso de embargo en Paraguay?
El proceso de embargo en Paraguay se basa en la Ley Nº 1.314/1998 "De Títulos Valores", que regula los procedimientos para la ejecución de títulos valores y el embargo de bienes en caso de incumplimiento de obligaciones financieras.
¿Pueden los registros disciplinarios ser utilizados como evidencia en procedimientos judiciales en Paraguay?
En ciertos casos, los registros disciplinarios pueden ser admitidos como evidencia en procedimientos judiciales si son relevantes para el caso en cuestión.
¿Qué es el derecho a la defensa legal en Paraguay y cuándo es obligatorio?
El derecho a la defensa legal en Paraguay es fundamental y garantiza que las partes tengan representación legal en procesos judiciales. Es obligatorio en casos penales y en situaciones en las que se puedan imponer sanciones graves.
¿Cuál es el proceso para revisar y actualizar políticas y procedimientos de Debida Diligencia en Paraguay?
Las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo una revisión periódica de sus políticas y procedimientos de Débida Diligencia para garantizar su eficacia y cumplimiento continuo. Esto implica identificar áreas de mejora, implementar cambios y capacitar a los empleados sobre las actualizaciones.
¿Pueden las personas expuestas en Paraguay ser excluidas de ciertos cargos públicos si se demuestra su implicación en actividades ilegales?
Sí, si se demuestra que las personas expuestas están involucradas en actividades ilegales, pueden ser excluidas de ciertos cargos públicos como consecuencia de las sanciones y procesos legales correspondientes. Esta medida busca garantizar la integridad en el servicio público.
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