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¿Qué regulaciones existen para el almacenamiento y retención de registros de antecedentes penales en Paraguay?
Existen regulaciones específicas para el almacenamiento y retención de registros de antecedentes penales en Paraguay, que establecen plazos y procedimientos para garantizar la integridad y confidencialidad de la información.
¿Pueden los individuos acceder a sus propios antecedentes penales en Paraguay?
Sí, los individuos tienen el derecho de acceder a sus propios antecedentes penales en Paraguay. Pueden solicitar esta información a la Policía Nacional u otras autoridades competentes. La obtención de esta información generalmente requiere una solicitud formal y puede estar sujeta a ciertos procedimientos.
¿Qué derechos tienen los ciudadanos en Paraguay en relación con la protección de su información biométrica utilizada en documentos de identificación?
Los ciudadanos en Paraguay tienen derechos relacionados con la protección de su información biométrica utilizada en documentos de identificación. Tienen el derecho a la privacidad y a la seguridad de sus datos biométricos, así como el acceso y control sobre estos datos de acuerdo con las leyes de protección de datos en el país.
¿Se pueden obtener certificados de buena conducta fiscal en Paraguay?
Sí, los contribuyentes pueden obtener certificados de buena conducta fiscal, que acreditan que están al día con sus obligaciones fiscales.
¿Pueden los antecedentes judiciales afectar la custodia de los hijos en casos de disputas familiares en Paraguay?
Sí, los antecedentes judiciales pueden ser considerados en casos de disputas familiares en Paraguay, especialmente si están relacionados con conductas que pueden afectar el bienestar de los hijos. Los tribunales pueden tomar decisiones en función de estos antecedentes.
¿Cuál es la importancia de la evaluación de riesgos en el cumplimiento de AML en Paraguay?
La evaluación de riesgos es fundamental en el cumplimiento de AML en Paraguay, ya que permite a las instituciones financieras y otros sujetos obligados identificar y priorizar las áreas de mayor riesgo y asignar recursos adecuados para prevenir el lavado de dinero.
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