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¿Qué información y documentos suelen incluirse en un expediente judicial en Paraguay?
Los expedientes judiciales en Paraguay incluyen una variedad de información y documentos, como escritos de demanda, contestaciones, pruebas, resoluciones judiciales, testimonios, informes periciales y cualquier otro elemento relevante relacionado con el caso en cuestión.
¿Cuál es la legislación específica que regula la gestión de antecedentes judiciales en Paraguay?
La gestión de antecedentes judiciales en Paraguay se rige por varias leyes y regulaciones, incluyendo la Ley Nº 1.292/98 que regula el Registro Judicial de Antecedentes Penales y la Ley Nº 974/96 que regula el Registro Nacional de Datos Genéticos.
¿Se requiere la revisión de KYC en caso de cambio de beneficiario final de una entidad legal en Paraguay?
Sí, en caso de un cambio en el beneficiario final de una entidad legal en Paraguay, se requiere una revisión de KYC para identificar y verificar al nuevo beneficiario final. Esta medida es fundamental para mantener la integridad del proceso de debida diligencia debida.
¿Cómo se verifica la autenticidad de las declaraciones de bienes presentadas por personas expuestas en Paraguay?
La autenticidad de las declaraciones de bienes se verifica mediante la revisión de documentos de respaldo, la comparación con otras fuentes de información financiera y la supervisión constante por parte de la UAF y otras autoridades competentes. Esto garantiza que la información proporcionada sea precisa y verificable.
¿Cuáles son las garantías procesales de los acusados en casos de delitos penales en Paraguay?
Las garantías procesales de los acusados en Paraguay incluyen el derecho a un juicio justo, el derecho a la defensa legal, el derecho a permanecer en silencio, el derecho a un intérprete si es necesario y el derecho a apelar una sentencia. Estas garantías están diseñadas para proteger los derechos de los acusados.
¿Cuál es el proceso de selección y nombramiento de los jueces en Paraguay?
Los jueces en Paraguay son seleccionados a través de un proceso de concurso público y nombrados por el Poder Ejecutivo. Se busca la independencia y la imparcialidad en la selección de jueces.
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