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¿Pueden los individuos acceder a sus propios antecedentes penales en Paraguay?
Sí, los individuos tienen el derecho de acceder a sus propios antecedentes penales en Paraguay. Pueden solicitar esta información a la Policía Nacional u otras autoridades competentes. La obtención de esta información generalmente requiere una solicitud formal y puede estar sujeta a ciertos procedimientos.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el abuso de entidades legales en el marco de la Débida Diligencia?
Para prevenir el abuso de entidades legales en Paraguay en el marco de la Débida Diligencia, se exige una mayor transparencia en la identificación de beneficiarios finales. Las regulaciones buscan evitar que las entidades legales se utilicen como fachadas para actividades ilegales, asegurando que se conozca la verdadera propiedad y control de dichas entidades.
¿Cuáles son las regulaciones sobre la depreciación y amortización de activos en Paraguay?
Las regulaciones sobre la depreciación y amortización de activos están establecidas en la Ley N° 2421/2004 y sus modificaciones, que definen los métodos y tasas aplicables.
¿Existen mecanismos para la revisión y actualización de registros disciplinarios en Paraguay?
Sí, los individuos tienen derecho a solicitar la revisión y actualización de sus registros disciplinarios si consideran que la información es incorrecta o desactualizada.
¿Cuál es el papel de SEPRELAD en el cumplimiento de KYC en Paraguay?
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) en Paraguay es la entidad encargada de supervisar y regular el cumplimiento de las leyes y regulaciones de KYC. Trabaja en colaboración con las instituciones financieras y otros sujetos obligados.
¿Cuál es el proceso para investigar y sancionar a las personas expuestas que incumplen sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero en Par?
El proceso para investigar y sancionar a las personas expuestas que incumplen sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero en Paraguay implica la recopilación de pruebas, la revisión de actividades sospechosas y la imposición de sanciones administrativas o penales según corresponda. Esto se realiza en cumplimiento de la ley y el debido proceso.
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