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¿Cuál es la edad legal para contraer matrimonio en Paraguay?
La edad legal para contraer matrimonio en Paraguay es de 18 años. Sin embargo, es posible casarse a partir de los 16 años con el consentimiento de los padres o tutores legales. Esta regulación busca proteger a los menores y garantizar que el matrimonio sea voluntario.
¿Existen restricciones en la recopilación de información personal de los empleados en Paraguay?
Sí, en Paraguay existen restricciones legales en la recopilación y el uso de información personal de los empleados. Es importante cumplir con la ley de protección de datos personales y respetar la privacidad de los empleados.
¿Qué legislación regula los expedientes judiciales en Paraguay?
En Paraguay, la legislación que regula los expedientes judiciales se encuentra principalmente en el Código Procesal Civil y Comercial, la Ley N° 834/96 de Organización Judicial, y otras leyes y reglamentaciones relacionadas con la administración de justicia. Estas leyes establecen los procedimientos y requisitos para la creación, gestión y acceso a los expedientes judiciales.
¿Cuál es el proceso de debida diligencia que deben seguir las instituciones financieras al tratar con personas expuestas?
Las instituciones financieras deben realizar un proceso de debida diligencia que implica verificar la identidad de las personas expuestas, evaluar los riesgos y monitorear las transacciones de manera constante. Esto ayuda a prevenir el abuso de cuentas y transacciones financieras.
¿Cuál es la legislación que regula la validación de identidad en Paraguay?
La validación de identidad en Paraguay está regulada por diversas leyes y regulaciones, incluyendo la Constitución Nacional, la Ley N° 1.626/00 de Identificaciones Personales y la Ley N° 1.509/99 sobre Registro del Estado Civil de las Personas. Estas leyes establecen las bases para la validación y protección de la identidad de los ciudadanos.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el abuso de las estructuras corporativas en el marco de la Debida Diligencia?
Para prevenir el abuso de las estructuras corporativas, se exige la identificación de beneficiarios finales. Esto asegura que las entidades legales no se utilizan para ocultar la verdadera propiedad o control, evitando así el abuso de dichas estructuras para actividades ilícitas o el lavado de dinero.
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