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¿Cuál es el papel de SEPRELAD en el cumplimiento de KYC en Paraguay?
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) en Paraguay es la entidad encargada de supervisar y regular el cumplimiento de las leyes y regulaciones de KYC. Trabaja en colaboración con las instituciones financieras y otros sujetos obligados.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para abordar los desafíos de la ciberseguridad en el contexto de la Débida Diligencia?
En el contexto de la Debida Diligencia, se aplican medidas de ciberseguridad en Paraguay para proteger la información sensible recopilada durante el proceso. Esto incluye el uso de tecnologías seguras, la capacitación de empleados en seguridad cibernética y la prevención de amenazas relacionadas con la manipulación de datos.
¿Cuáles son las sanciones por el incumplimiento de las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?
El incumplimiento de las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay puede dar lugar a sanciones legales y administrativas. Esto puede incluir multas, la revocación de licencias para operar y daños a la reputación de las instituciones financieras. Además, las autoridades pueden tomar medidas para investigar y sancionar a quienes no cumplan con las normativas.
¿Qué derechos tiene el deudor durante el proceso de embargo en Paraguay?
El deudor tiene derechos durante el proceso de embargo en Paraguay, incluyendo el derecho a ser notificado, el derecho a impugnar el embargo y el derecho a una audiencia justa.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el uso indebido de información de AML y protegerla de posibles filtraciones?
En Paraguay, se aplican medidas de seguridad y protección de datos para prevenir el uso indebido de información de AML y protegerla de posibles filtraciones o accesos no autorizados. Las instituciones financieras deben seguir las regulaciones de protección de datos vigentes.
¿Cuál es la edad mínima para que un menor pueda ser escuchado en un proceso de familia en Paraguay?
En Paraguay, un menor puede ser escuchado en un proceso de familia a partir de los 12 años, si el juez lo considera necesario para proteger sus intereses.
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