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¿Puede un paraguayo abrir un negocio en España como residente?
Sí, los paraguayos residentes en España tienen el derecho de abrir un negocio en el país. Deben cumplir con los requisitos legales y fiscales para la creación de empresas, y existen diferentes estructuras empresariales disponibles.
¿Qué medidas de seguridad se implementan para proteger la información de los antecedentes judiciales en Paraguay?
En Paraguay, se implementan medidas de seguridad, como acceso restringido, cifrado y supervisión, para proteger la información de los antecedentes judiciales y garantizar la confidencialidad de los datos.
¿Cuáles son las sanciones específicas para los individuos que no cumplen con las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?
Las sanciones para los individuos que no cumplan con las regulaciones de Debida Diligencia pueden incluir multas, inhabilitación para trabajar en el sector financiero y la posibilidad de enfrentar cargos penales en casos graves de incumplimiento. También pueden tener su reputación dañada y enfrentar dificultades en futuras oportunidades laborales.
¿Cuál es el proceso para verificar la identidad de una persona jurídica (empresa) en Paraguay en el marco de KYC?
La verificación de la identidad de una persona jurídica en Paraguay implica la presentación de documentos legales, como estatutos de la empresa, registros comerciales, y la identificación de los beneficiarios reales de la empresa, entre otros requisitos.
¿Puede un ciudadano en Paraguay cambiar su nombre o apellidos en su cédula de identidad por razones personales?
En Paraguay, los cambios de nombre o apellidos en la cédula de identidad generalmente se permiten solo en casos específicos, como el matrimonio o el divorcio. Cambios por razones personales pueden requerir una justificación legal y la aprobación de la DGRECP.
¿Cuál es el procedimiento para la ejecución de sentencias judiciales en Paraguay?
La ejecución de sentencias judiciales en Paraguay implica asegurarse de que las decisiones judiciales se cumplan. Esto puede requerir el embargo de bienes, la confiscación o la realización de otros actos legales para hacer cumplir la sentencia.
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