Artículos recomendados
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay realizar transacciones con entidades extranjeras sin requerir Debida Diligencia?
En general, las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo a cabo Debida Diligencia en las transacciones con entidades extranjeras. Sin embargo, el nivel de Debida Diligencia puede variar según el riesgo percibido. En algunos casos, se pueden aplicar procedimientos simplificados, pero la Debida Diligencia es una obligación constante.
¿Cómo se supervisan las transacciones internacionales que involucran a personas expuestas en Paraguay?
Las transacciones internacionales que involucran a personas expuestas se supervisan mediante la revisión de transferencias transfronterizas y la cooperación con otros países para intercambiar información sobre transacciones sospechosas. Esto ayuda a prevenir el uso indebido del sistema financiero.
¿Existen restricciones para que las personas expuestas realicen transacciones financieras internacionales?
En algunos casos, pueden aplicarse restricciones a las personas expuestas para realizar transacciones financieras internacionales, especialmente si se sospecha que están relacionadas con actividades ilícitas. Estas restricciones buscan prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Qué sucede si un contribuyente no puede pagar sus deudas fiscales y se declara en quiebra en Paraguay?
En caso de quiebra, las deudas fiscales tienen prioridad en el proceso de liquidación de activos, y la SET puede participar en la distribución de los bienes.
¿Qué restricciones existen para realizar actividades comerciales en una propiedad residencial arrendada en Paraguay?
En general, las propiedades residenciales no deben utilizarse con fines comerciales en Paraguay, a menos que se acuerde lo contrario en el contrato. Las restricciones pueden variar según el contrato y las regulaciones locales.
¿Cuál es el derecho a un juicio justo en Paraguay y cuáles son sus componentes clave?
El derecho a un juicio justo en Paraguay incluye componentes como el derecho a un tribunal imparcial, el derecho a la defensa legal, el derecho a ser informado sobre los cargos y el derecho a un juicio público.
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