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¿Cuál es la base legal para el proceso de embargo en Paraguay?
El proceso de embargo en Paraguay se basa en la Ley Nº 1.314/1998 "De Títulos Valores", que regula los procedimientos para la ejecución de títulos valores y el embargo de bienes en caso de incumplimiento de obligaciones financieras.
¿Las instituciones financieras en Paraguay pueden utilizar tecnologías de identificación biométrica en el proceso de KYC?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden utilizar tecnologías de identificación biométrica, como huellas dactilares o reconocimiento facial, como parte de su proceso de KYC para fortalecer la autenticación de identidad.
¿Cómo se aborda la validación de identidad en situaciones de trámites gubernamentales en Paraguay, como la obtención de licencias o pasaportes?
En situaciones de trámites gubernamentales en Paraguay, como la obtención de licencias o pasaportes, se requiere la presentación de documentos de identificación válidos, como la cédula de identidad. Los procesos de validación de identidad se realizan de acuerdo con los requisitos establecidos por las autoridades gubernamentales, y la documentación presentada se verifica minuciosamente para garantizar su autenticidad.
¿Puede el arrendatario subarrendar o ceder el contrato de arrendamiento en Paraguay?
El subarriendo o cesión del contrato de arrendamiento generalmente está sujeto a lo que se establezca en el contrato original. En general, se requiere el consentimiento previo del arrendador para subarrendar o ceder el contrato.
¿Cuáles son las leyes que regulan la adopción en Paraguay?
La adopción en Paraguay está regulada por la Ley 1.285/98, que establece los procedimientos y requisitos para la adopción de menores. Estas leyes buscan asegurar que los adoptantes sean aptos y que el proceso se realice en beneficio de los niños en situación de adopción.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el abuso de las estructuras corporativas en el marco de la Debida Diligencia?
Para prevenir el abuso de las estructuras corporativas, se exige la identificación de beneficiarios finales. Esto asegura que las entidades legales no se utilizan para ocultar la verdadera propiedad o control, evitando así el abuso de dichas estructuras para actividades ilícitas o el lavado de dinero.
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