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¿Pueden los informantes de transacciones sospechosas enfrentar represalias en Paraguay?
La ley de AML en Paraguay prohíbe cualquier represalia contra informantes de transacciones sospechosas. Los informantes están protegidos y se mantienen su confidencialidad. Cualquier represalia puede resultar en sanciones legales y administrativas.
¿Pueden las personas expuestas en Paraguay impugnar las decisiones o sanciones impuestas por la UAF?
Sí, las personas expuestas en Paraguay tienen el derecho de impugnar las decisiones o sanciones impuestas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Pueden presentar recursos y apelaciones ante las autoridades correspondientes en caso de desacuerdo con las medidas adoptadas.
¿Cuál es el proceso de revisión de antecedentes disciplinarios para la obtención de licencias o certificaciones profesionales en Paraguay?
El proceso de revisión de antecedentes disciplinarios para la obtención de licencias o certificaciones profesionales generalmente implica proporcionar pruebas de buena conducta y cumplimiento de sanciones.
¿Se requiere la revisión periódica de la información de los clientes en Paraguay en el marco de la Debida Diligencia?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo revisiones periódicas de la información de los clientes como parte de la Debida Diligencia continua. Esto garantiza que la información se mantiene actualizada y que cualquier cambio en la situación del cliente se identifique y se tome en cuenta en el cumplimiento de las regulaciones.
¿Cuál es el proceso para solicitar un certificado de buena conducta en Paraguay?
El proceso para solicitar un certificado de buena conducta en Paraguay generalmente implica presentar una solicitud ante la institución correspondiente, proporcionar la documentación requerida y pagar una tarifa de procesamiento.
¿Cuál es el papel de los abogados en el sistema judicial de Paraguay y cómo se regulan sus actividades?
Los abogados en Paraguay representan a las partes en procesos judiciales y brindan asesoramiento legal. Sus actividades están reguladas por el Colegio de Abogados y la legislación específica.
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