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¿Qué disposiciones existen para la protección de datos personales en los antecedentes fiscales en Paraguay?
Las disposiciones sobre la protección de datos personales están regidas por la Ley N° 1682/2001 en Paraguay y establecen medidas para garantizar la confidencialidad de la información.
¿Cuál es el procedimiento para la determinación de la capacidad mental o legal de un individuo en Paraguay?
La determinación de la capacidad mental o legal de un individuo en Paraguay se realiza a través de evaluaciones médicas y legales. Si se considera que una persona no es capaz de tomar decisiones, se pueden nombrar tutores o curadores para proteger sus derechos e intereses.
¿Cuál es el proceso de divulgación de información financiera por parte de las personas expuestas en Paraguay?
Las personas expuestas deben presentar declaraciones de bienes que detallen su situación financiera, incluyendo activos, ingresos y otras fuentes de riqueza. Esta información se proporciona a las autoridades competentes y puede estar sujeta a revisiones periódicas.
¿Cómo se garantiza la confidencialidad de la información financiera y personal proporcionada por las personas expuestas?
La confidencialidad se garantiza a través de medidas de seguridad, como la encriptación de datos, restricciones de acceso y protocolos de manejo de información. Solo las autoridades competentes tienen acceso a la información, y se aplican sanciones por divulgación no autorizada.
¿Cuál es el proceso para actualizar la información en la cédula de identidad en caso de cambios en la situación civil, como el divorcio?
En caso de cambios en la situación civil, como el divorcio, el proceso para actualizar la información en la cédula de identidad en Paraguay implica presentar documentación legal que respalde el cambio, como una sentencia de divorcio. La DGRECP verificará la documentación antes de realizar la actualización.
¿Qué derechos tiene el deudor durante el proceso de embargo en Paraguay?
El deudor tiene derechos durante el proceso de embargo en Paraguay, incluyendo el derecho a ser notificado, el derecho a impugnar el embargo y el derecho a una audiencia justa.
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