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¿Qué legislación regula los expedientes judiciales en Paraguay?
En Paraguay, la legislación que regula los expedientes judiciales se encuentra principalmente en el Código Procesal Civil y Comercial, la Ley N° 834/96 de Organización Judicial, y otras leyes y reglamentaciones relacionadas con la administración de justicia. Estas leyes establecen los procedimientos y requisitos para la creación, gestión y acceso a los expedientes judiciales.
¿Qué sucede si un contribuyente no puede pagar una deuda fiscal en Paraguay debido a razones excepcionales, como desastres naturales?
En casos excepcionales, la SET puede otorgar prórrogas o exenciones de multas a los contribuyentes afectados por desastres naturales u otras circunstancias imprevistas.
¿Cómo se abordan las reparaciones y el mantenimiento de la propiedad arrendada en Paraguay?
La responsabilidad de las reparaciones y el mantenimiento de la propiedad arrendada en Paraguay debe estar especificada en el contrato de arrendamiento. En general, el arrendador es responsable de las reparaciones importantes, mientras que el arrendatario se encarga del mantenimiento ordinario.
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay realizar transacciones con países considerados de alto riesgo en términos de AML?
Las instituciones financieras en Paraguay deben ejercer precaución al realizar transacciones con países considerados de alto riesgo en términos de AML. Se pueden aplicar medidas adicionales de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en estas transacciones.
¿Se aplican las regulaciones de KYC a las transferencias de fondos internacionales en Paraguay?
Sí, las regulaciones de KYC se aplican a las transferencias de fondos internacionales en Paraguay para prevenir el lavado de dinero y garantizar la transparencia en las transacciones financieras que involucran a Paraguay y otros países.
¿Cuál es la legislación que regula los acuerdos prenupciales en Paraguay?
Los acuerdos prenupciales en Paraguay son regulados por el Código Civil y permiten a las parejas establecer disposiciones sobre la distribución de bienes y otros asuntos financieros antes del matrimonio. Estos acuerdos son legalmente válidos siempre que cumplan con ciertos requisitos.
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