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¿Se requiere la revisión de AML en caso de cambio de beneficiario final de una entidad legal en Paraguay?
Sí, en caso de un cambio en el beneficiario final de una entidad legal en Paraguay, se requiere una revisión de AML para identificar y verificar al nuevo beneficiario final. Esto es esencial para mantener la integridad del proceso de debida diligencia debida y prevenir actividades ilegales.
¿Cuáles son los recursos y guías disponibles para las instituciones financieras que desean cumplir con las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?
Las instituciones financieras en Paraguay pueden acceder a recursos y guías proporcionadas por SEPRELAD y otras autoridades competentes. Estos recursos ofrecen orientación detallada sobre cómo cumplir con las regulaciones y realizar la Debida Diligencia de manera efectiva.
¿Cuáles son las restricciones para los paraguayos que desean trabajar en España como autónomos?
Los paraguayos que desean trabajar como autónomos en España deben cumplir con los requisitos legales, incluyendo la obtención de una autorización para trabajar por cuenta propia.
¿Pueden los trabajadores en Paraguay despedir a un empleado sin justa causa?
En Paraguay, los trabajadores pueden despedir a un empleado sin justa causa, pero están sujetos a regulaciones laborales que rigen el proceso de terminación y pueden estar obligados a pagar indemnizaciones según la duración del empleo.
¿Cuál es el proceso para la validación de la identidad en el acceso a servicios de telecomunicaciones en Paraguay?
En el acceso a servicios de telecomunicaciones en Paraguay, la validación de identidad se realiza a través del registro de datos personales, como el número de cédula de identidad, al suscribirse a servicios de telefonía móvil o internet. Esto es parte de las medidas para la identificación de los usuarios.
¿Cuál es la importancia de la evaluación de riesgos en el cumplimiento de AML en Paraguay?
La evaluación de riesgos es fundamental en el cumplimiento de AML en Paraguay, ya que permite a las instituciones financieras y otros sujetos obligados identificar y priorizar las áreas de mayor riesgo y asignar recursos adecuados para prevenir el lavado de dinero.
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