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¿Pueden las instituciones financieras tercerizar el proceso de AML en Paraguay?
Las instituciones financieras en Paraguay pueden tercerizar ciertos aspectos del proceso de AML, pero siguen siendo responsables del cumplimiento y deben asegurarse de que los proveedores externos cumplan con las regulaciones y normativas aplicables.
¿Qué derechos tienen los candidatos durante el proceso de verificación de personal en Paraguay?
Los candidatos en Paraguay tienen derecho a ser informados sobre el proceso de verificación, a dar su consentimiento para la recopilación de información personal ya impugnar cualquier información incorrecta o perjudicial que se haya recopilado.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el uso indebido de información de Debida Diligencia y protegerla de posibles filtraciones?
Se aplica de seguridad y protección de datos en Paraguay para prevenir el uso indebido de información de Debida Diligencia y protegerla de posibles filtraciones o medidas no autorizadas. Las instituciones financieras deben seguir las regulaciones de protección de datos vigentes para garantizar la confidencialidad de la información.
¿Puede el público en general acceder a los expedientes judiciales en Paraguay?
El acceso del público en general a los expedientes judiciales en Paraguay puede ser limitado y está sujeto a regulaciones específicas. Sin embargo, en algunos casos, se pueden proporcionar versiones públicas de expedientes, que contienen información no confidencial y están disponibles para consulta.
¿Qué derechos tienen las personas cuyos antecedentes se están verificando en Paraguay en caso de resultados negativos?
Las personas cuyos antecedentes se están verificando en Paraguay tienen el derecho a ser informadas de los resultados y las razones de los mismos. También tienen el derecho de apelar los resultados si consideran que hay errores o información incorrecta.
¿Existen diferencias en las regulaciones para personas expuestas en el sector público y privado en Paraguay?
Las regulaciones pueden variar según el sector en el que las personas expuestas ocupan cargos. En el sector público, es probable que las regulaciones sean más específicas, pero en ambos casos, el objetivo principal es la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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