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¿Qué leyes regulan la seguridad y salud en el trabajo en Paraguay?
La seguridad y salud en el trabajo en Paraguay están reguladas por la Ley N° 213/93 y sus reglamentos, que establecen los requisitos y obligaciones para prevenir riesgos laborales.
¿Cómo se manejan los casos de acoso laboral o discriminación en el proceso de selección de personal en Paraguay?
Los casos de acoso laboral o discriminación en el proceso de selección de personal en Paraguay se pueden denunciar ante la Secretaría Nacional de la Función Pública (SNFP) o la autoridad correspondiente. El SNFP tiene un papel importante en la prevención y sanción de prácticas discriminatorias en la administración pública.
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay realizar transacciones con entidades extranjeras sin requerir Debida Diligencia?
En general, las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo a cabo Debida Diligencia en las transacciones con entidades extranjeras. Sin embargo, el nivel de Debida Diligencia puede variar según el riesgo percibido. En algunos casos, se pueden aplicar procedimientos simplificados, pero la Debida Diligencia es una obligación constante.
¿Cuál es el proceso para la notificación de sanciones disciplinarias a instituciones educativas en Paraguay?
El proceso para notificar sanciones disciplinarias a instituciones educativas generalmente implica proporcionar detalles sobre las sanciones a la institución para que puedan tomar decisiones adecuadas.
¿Qué medidas se toman en casos de violencia doméstica contra un cónyuge en Paraguay?
En casos de violencia doméstica contra un cónyuge en Paraguay, se pueden solicitar órdenes de protección y, en casos graves, el agresor puede ser procesado penalmente. Las víctimas pueden buscar refugio y apoyo a través de organizaciones y servicios especializados.
¿Qué derechos tienen los reclusos en Paraguay, incluyendo el acceso a la educación y la atención médica?
Los reclusos en Paraguay tienen derechos, incluyendo el acceso a la educación y la atención médica adecuada. Las autoridades penitenciarias deben garantizar el respeto de estos derechos dentro de las instalaciones carcelarias.
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