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¿Cuáles son las leyes y regulaciones claves relacionadas con la Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las leyes y regulaciones clave en materia de Debida Diligencia se encuentran en la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como en las regulaciones emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). Estas normativas establecen los requisitos y procedimientos que deben seguir las instituciones financieras y otros sujetos obligados.
¿Cómo se abordan los casos de robo de identidad en Paraguay y cuáles son las sanciones para los responsables?
Los casos de robo de identidad en Paraguay son considerados delitos y se tratan en el marco legal. Las sanciones para los responsables pueden incluir penas de prisión y multas, dependiendo de la gravedad del delito y el perjuicio causado a la víctima. Es importante denunciar estos casos ante las autoridades para que se investiguen y se tomen medidas legales.
¿Pueden los registros disciplinarios ser utilizados como evidencia en procedimientos judiciales en Paraguay?
En ciertos casos, los registros disciplinarios pueden ser admitidos como evidencia en procedimientos judiciales si son relevantes para el caso en cuestión.
¿Quiénes están obligados a cumplir con el KYC en Paraguay?
En Paraguay, las instituciones financieras, como bancos, casas de cambio y cooperativas de ahorro y crédito, están obligadas a cumplir con el KYC. También deben hacerlo los agentes de seguros, notarios y otros sujetos obligados según la ley.
¿Cuál es el tratamiento legal de los delitos de odio en Paraguay?
Los delitos de odio en Paraguay pueden ser perseguidos y sancionados por la ley. Se consideran agravantes en casos de discriminación o violencia motivada por prejuicios raciales, religiosos, de género u orientación sexual.
¿Qué procedimientos se siguen para el registro y gestión de expedientes judiciales en el ámbito penal en Paraguay?
En el ámbito penal de Paraguay, los expedientes judiciales se registran y gestionan de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal. Esto incluye la asignación de un número de expediente único y la documentación de todas las actuaciones relevantes.
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