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¿Cuál es el procedimiento para denunciar actividades sospechosas en el proceso de KYC en Guatemala?
Las instituciones financieras en Guatemala deben informar de actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que es la entidad encargada de recibir y evaluar dichos informes.
¿Cuál es el enfoque para prevenir el uso indebido de entidades legales por parte de personas expuestas políticamente en Guatemala?
El enfoque para prevenir el uso indebido de entidades legales por parte de personas expuestas políticamente en Guatemala implica la aplicación de medidas de debida diligencia en las transacciones comerciales. Se busca garantizar que las personas expuestas políticamente no utilicen entidades legales para fines ilícitos, lo que incluye la verificación de la autenticidad de la estructura legal y la identificación de los beneficiarios reales.
¿Cuál es el plazo de prescripción para la ejecución de un embargo de bienes inmuebles en Guatemala?
El plazo de prescripción para la ejecución de un embargo de bienes inmuebles en Guatemala puede variar según la naturaleza de la deuda y la jurisdicción específica. Es fundamental consultar a un abogado para determinar el plazo aplicable en un caso particular, ya que este puede variar.
¿Cómo se penaliza el delito de posesión ilegal de armas en Guatemala?
La posesión ilegal de armas en Guatemala puede estar penada con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la tenencia no autorizada de armas de fuego, protegiendo la seguridad y evitando el uso indebido de armamento.
¿Cuál es el enfoque de la debida diligencia en las relaciones comerciales con proveedores extranjeros en Guatemala?
Las relaciones comerciales con proveedores extranjeros requieren una debida diligencia que incluye la verificación de antecedentes y la transparencia en las transacciones.
¿Cuál es la política de Guatemala con respecto a la protección de los derechos de los migrantes y refugiados en casos de delitos penales?
Guatemala ha establecido políticas para la protección de los derechos de los migrantes y refugiados en casos de delitos penales. Se busca garantizar que estas poblaciones tengan acceso a la justicia y se respeten sus derechos humanos.
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